Edición: Noviembre 2010

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La megaminería y su impacto en el medio ambiente

Desde tiempos inmemoriales, los hombres han extraído oro de la tierra desde hace miles de años. Además de su valor de cambio –como moneda- siempre ha tenido un valor simbólico: joyas, reliquias y otros artefactos lo han convertido su metal favorito. Pero se está acabando, y por eso ahora ya no se encuentra en vetas en la tierra, sino diseminado en forma de granos, en partículas ínfimas. Para obtener esas partículas, se ha desarrollado un método muy especial, que se conoce como megaminería.

 

En la década de 1990, de la mano de la desregulación, unas 30 empresas transnacionales se asentaron en el país desarrollando proyectos sobre todo en la franja cordillerana, desde Salta y Jujuy hasta la Patagonia. Mientras la inversión en exploración minera a nivel mundial creció entre 1990 y 1997 un 90%, en América Latina aumentó un 400%.

 

El primer paso es dinamitar la montaña o sierra donde se hace la extracción. Luego, triturar esa roca hasta convertirla en polvo. Después, se la procesa con una mezcla de sustancias químicas que incluye cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, detergentes y otros. Así se separan los minerales de la roca. Cuando termina el proceso, ese líquido que fluye en millones de litros de agua, se deposita en grandes piletones llamados “diques de cola”. Éstos se construyen frecuentemente sin ningún tipo de control oficial, y por eso son comunes las roturas, fisuras y filtraciones.

 

Una mina a cielo abierto utiliza en promedio en un solo día de explotación, 6 toneladas de cianuro, 500 mil litros de agua, 400 kilos de ácido clorhídrico, 400 kilos de soda cáustica, 23 mil kilos de cal y 2 mil kilos de azufre. Con eso se dinamitan al día unas 42 mil toneladas de roca.  Las explosiones elevan a la atmósfera toneladas de polvo generando nubes artificiales y provocando una importante alteración de la biósfera.

 

La mina Bajo la Alumbrera, en Catamarca, gasta 100 millones de litros de agua por día –si, 100 millones- y consume el 80% de la energía generada por El Chocón y el 25% de la consumida por todo el NOA, que abarca las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, y Santiago del Estero. A pesar de que la empresa declara sólo extraer oro y cobre, a raíz de periódicas roturas en el mineraloducto, se comprobó que transportaba 46 tipos de minerales distintos. Esta mina produce anualmente 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas troy de oro las que le dejan en limpio 680 millones de dólares anuales. Se calcula que en los 20 años que dura la concesión la mina generará una ganancia de 34.300 millones de dólares.

 

En conclusión, este tipo de extracción implica grandísimos niveles de afectación del medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que utiliza en forma desmesurada valiosos y escasos recursos ambientales como el agua y la energía.

 

Contaminación de exportación

En el prólogo del libro “Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales”, la socióloga Maristella Svampa explica: “el paradigma extractivista cuenta con una larga y negra historia en América Latina, marcada por la constitución de enclaves coloniales, altamente destructivos de las economías locales y directamente relacionado con la esclavización y empobrecimiento. El símbolo de esta cultura de la expoliación ha sido sin duda Potosí, en la vecina Bolivia”.

 

“Hoy –agrega la investigadora-, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento, omisión o complicidad activa, dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, cuya puesta en marcha se viene realizando de manera vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas. De este modo, la emergencia y multiplicación de territorios de resistencia –tanto el de las “comunidades del no” como el de los movimientos socioambientales-, se ha ido cristalizándose en un contexto de obscena asimetría y frente al ocultamiento político, mediático y empresarial de sus consecuencias socio-ambientales”.

 

Hoy existen cerca de 30 transnacionales mineras en el país, la mayoría de origen canadiense. Curiosamente, un país que fronteras adentro es uno de los más respetuosos de sus paisajes y sus recursos naturales. Las principales son Yamana Gold, Barrick Gold, Silver Standard Resources y Pan American Silver Corp.

 

En los últimos años, la minería extractiva a cielo abierto ha sido prohibida en Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales del Sur y Australia (2000), en el Estado de Montana (1998) y los condados de Gunnison (2001), Costilla (2002) y Summit (2004) del Estado de Colorado, EEUU, y República de Alemania (2002). En América Latina, el único país que ha sancionado una ley prohibiendo la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas es Costa Rica (2002).

 

Actualmente, el debate sobre los efectos de la megaminería trasciende las discusiones partidarias y ambientalistas, y ha resonado también en otros ámbitos, como la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Argentina ha hecho suyas las recientes declaraciones de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, donde señalan que “nos oponemos a la megaminería o minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos, traen efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz. Bienes esenciales a la vida humana y al adecuado desarrollo de la misma en armonía con la naturaleza. Bienes a los que tienen derecho cada persona  y todas las generaciones tanto actuales como futuras”. El documento completo puede verse aquí en la página de noticias de la Conferencia Episcopal Argentina. Además, ha generado importantes movimientos de resistencia ciudadana en todas las comunidades donde se encuentran presentes estos tipos de emprendimiento, que han poblado la web de páginas de denuncias y manifiestos.

 

Resistencia popular e inacción oficial

En los últimos tiempos, el clamor de numerosas comunidades ha obligado a que algunos poderes públicos –que en muchas ocasiones desviaron la mirada ante las denuncias- tomen cartas en el asunto. Por ejemplo, en abril de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación. Hace hincapié en el principio precautorio e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.

“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirmaron los magistrados.

Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirmaron a EcoPortal.net.

 

Aún así, la intervención política dista de ser ejemplar. Los gobernadores de las provincias mineras de la cordillera expresaron su rechazo a la recientemente sancionada Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Esta norma prohíbe la actividad extractiva en la zona periglacial, un proyecto que acarician desde hace tiempo varias empresas que ya operan en la Argentina, pude verse más ingresando en Glaciares: un paso adelante en busca de la protección oficial aunque su oposición parece estar más cerca de los intereses de las multinacionales que de la protección de los recursos de sus provincias.

 

En Argentina las provincias mineras por excelencia son Catamarca y San Juan, seguidas por Jujuy, que fomenta la actividad minera y la considera uno de los pilares de su “desarrollo”. Cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación (El Aguilar y Pirquitas) y exploración de uranio en la zona de la Puna y la Quebrada. Por otro lado, también cuenta con decenas de organizaciones sociales que rechazan la actividad minera a gran escala.

 

Según explica el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas, en un artículo publicado en Infosur.info, “el paquete de leyes mineras otorga a las corporaciones ventajas exclusivas que no gozan otras ramas del empresariado: están exentas de casi todos los impuestos y la ley 25.161/99 impulsada por José Luis Gioja (actual gobernador de San Juan, donde se ubica el proyecto minero binacional Pascua Lama) redujo las regalías provinciales del 3% al 1,5%. Sin control público y a simple declaración jurada, exportan sumas millonarias pagando solo por oro, plata y cobre y llevándose gratis 60 metales, como molibdeno, uranio, cadmio, renio”.

 

La diputada nacional por el ARI Fernanda Reyes presentó tres proyectos que aún duermen en la Legislatura: El primero busca derogar todos los beneficios fiscales que hay para la actividad. El segundo prevé cambiar el código de minería en el que cree que deben incorporarse los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad. El tercero busca generar presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera. “La megaminería a cielo abierto es inviable hoy en Argentina –señaló en una entrevista a la revista Defensa, Energía y Medioambiente-, porque conlleva un perjuicio ambiental y social importante. En diez años, las empresas se van automáticamente dejando un desierto. La ecuación económica ambiental de la minería a cielo abierto está descartada. Tal vez en el futuro llegue otro tipo de tecnología adecuada, pero ahora no”.

 

Por ahora, sólo resta esperar que la suma de los esfuerzos ciudadanos sea capaz de equilibrar la balanza ante el gigantesco poder de estas transnacionales, y que sea también un factor de presión para que los poderes del Estado no sigan desviando la vista de las consecuencias de esta actividad, que no deja nada para el país más que tóxicos y devastación.

 

Más información

• “Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales”. Maristella Svampa y Mirta Antonelli (eds.), editorial Bilbao
• “Vienen por el oro, vienen por todo: las inversiones mineras 500 años después”. Javier Rodríguez Pardo, editorial CICCUS.
• “Tierra sublevada, oro impuro”, película de Fernando “Pino” Solanas
• http://www.conflictosmineros.net/index.php Es una base de datos de todos los emprendimientos mineros de América latina y sus consecuencias comprobadas.
• http://elaguavalemasqueeloro.info/ Para sumarte a las acciones ciudadanas, podés entrar y firmar contra la megaminería, además de ver las principales leyes y resoluciones mundiales contra este tipo de explotación y sus consecuencias.

 

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